La Plataforma por los Trabajadores del Severo Ochoa, en colaboración con la Agrupación Sanitaria Española (ASAES), ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Leganés contra la Dirección del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, a la que se acusa de “varios delitos de homicidio imprudente por negligencia profesional, de lesiones imprudentes y un delito continuado contra la salud y la seguridad de los trabajadores”.
La denuncia, que cuenta con una veintena de testigos según recoge ASAES en un comunicado, tiene como objetivo “denunciar la injusta situación y las lamentables circunstancias que se vivieron” durante los primeros meses de la pandemia “mostrando la crudeza del día a día del funcionamiento interno del Hospital, que con la COVID lo arrastró a ser el Hospital con mayor incidencia”.
Tal y como recogen en un duro comunicado, ha sido “una de las peores gestiones de la crisis sanitaria en todo el país”, por lo que desde ASAES han optado por asumir “la obligación legal y moral de denunciar los hechos para proceder a su investigación” ̧ tras haberse producido “delitos graves” y que afectan de forma directa a la “salud de las personas”.
Acusaciones
Los trabajadores acusan al centro de carecer de un plan de contingencia, protocolos COVID y tener una total improvisación, descontrol y “ausencia de actuaciones por parte de los responsables” contra los que se ha interpuesto una denuncia, “con consecuencias lesivas para la integridad física y moral sobre las personas, trabajadores y pacientes”.
Según la denuncia, se pone de manifiesto la “voluntad de la dirección de gastar menos dinero en perjuicio de los demás para ganar más para sí mismo”, ya que los directores “obtienen cuantiosos bonus anuales por reducir el gasto del Hospital”.
“Todos los años se utilizan los pasillos para tratar en invierno a pacientes de gripe común”, y que ahora con el COVID ha provocado la muerte de muchas personas”, subraya el sindicato.
Asimismo, acusan a la Dirección del Hospital de no tomar decisiones o de tomarlas “sin valorar la integridad física de las personas” cuando “tiene bajo su capacidad la de salvar decenas, e incluso cientos, de vidas o, por el contrario -tal y como sucedió en el HUSO-, avocar a una muerte segura a una población de las más envejecidas de la Comunidad de Madrid”.