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Los vecinos se hartan de la huelga en Avanza y piden que medie el Consorcio Regional de Transportes

avanza huelga

REGIONAL – Después de más de tres meses de paros y molestias ocasionadas por la huelga de los trabajadores de Avanza, los usuarios han empezado a mostrar su malestar y su hartazgo y a exigir una solución inmediata a un conflicto enquistado que se encuentra en situación de bloqueo.

Tanto la dirección de la empresa como los trabajadores se mantienen firmes en sus respectivas posturas, lo que ha llevado a un estado de inmovilismo que se traduce en un importante perjuicio para los vecinos y vecinas de la zona sur de Madrid que utilizan a diario el servicio de autobuses para sus desplazamientos.

La tesitura es tal que algunos de estos vecinos están viendo peligrar sus puestos de trabajo por los reiterados retrasos ocasionados por la huelga, que están propiciando que no puedan cumplir con el horario marcado por su empresa.

Las molestias por los paros se extienden también al ámbito sanitario. Muchos de estos usuarios han lamentado que la huelga les está haciendo llegar tarde, o no llegar, a citas y pruebas médicas previstas desde hace meses, con el consiguiente perjuicio.

Así, los usuarios han empezado ya a movilizarse en redes sociales instando a las partes a alcanzar un acuerdo y denunciando los importantes daños que les están ocasionando no sólo las jornadas de huelga, sino también las carencias del servicio en aquellos días en los que no hay paros parciales convocados por el comité de huelga de Avanza.

En este sentido, y dada la escasa voluntad de acuerdo entre las partes, los vecinos exigen al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid que, como máximo responsable, tome cartas en el asunto y medie para poner fin a una huelga que arrancó el 10 de octubre de 2017.

De esta forma, muchos ciudadanos se plantean reclamar al Consorcio la devolución de la parte proporcional del Abono Transportes correspondiente a los días de huelga y señalan al director del ente, Alfonso Sánchez Vicente, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como principales culpables de un conflicto que se prolonga demasiado en el tiempo.

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