MÓSTOLES – La empresa Madrileña Red de Gas se ha comprometido a revisar todos los tubos de distribución del barrio Estoril II de Móstoles y «cambiarlos, en caso necesario, por unos de mayor diámetro que soporten mejor la presión del caudal», según han asegurado fuentes municipales.
Esta decisión llega después de que el Consistorio se reuniese de forma urgente con la compañía ante la alarma generada entre los vecinos que empezaron a movilizarse preocupados por «los problemas existentes con los reguladores y las fugas producidas en los conductos» que se han ido sucediendo, según aseguraron, tras el cambio de suministro de propano a gas natural.
La Plataforma Estoril II dijo que las instalaciones actualmente «no son capaces de soportar la presión de este tipo de energía» porque «son viejas y obsoletas –35 años- y tienen 12 milímetros, mientras que las que se necesitarían serían de 18».
Por todo ello, exigían que se realizase un nuevo montaje «con tubos también nuevos» y con una sección «acorde» al tipo de gas que ahora distribuyen a más de 2.000 viviendas a las que podrían sumarse hasta un total de 17.000 de otras partes de la ciudad, dado que, según aseguraron, podría realizarse este mismo cambio «en hasta 35 barrios-bloques más».
Los vecinos, a través de la Plataforma, dieron traslado de sus quejas y su petición a Madrileña Red de Gas en una reunión mantenida poco después de que hiciese pública su denuncia. La empresa se puso en contacto con ellos para buscar una solución «a las chapuceras instalaciones de gas en Estoril 2, donde ya se han producido diferentes incidentes en varios bloques de viviendas», según han relatado ellos mismos.
Les plantearon la necesidad de adaptar la instalación al tipo de energía que se distribuye «para lo cual es necesario un solo regulador (no dos y hasta tres)». Así mismo, exigieron «la devolución de los cobros indebidos por reparaciones por sobrecarga de los reguladores» y que se lleve a cabo una Inspección Técnica «avalada y certificada» por el Ministerio de Industria, «para dar tranquilidad y seguridad».
Según el compromiso recientemente adquirido por la suministradora con el Gobierno local, parte de estas peticiones se resolvería ya que el acuerdo incluye «la devolución de los cargos indebidos que se han realizado a los vecinos al tener que quitar los reguladores «por factores ajenos a los consumidores».
En relación a estas incidencias, también se tendrán que abonar los gastos relacionados con servicios de profesionales privados «cuando los mismos se han producido por la falta de atención que han percibido los consumidores y que ha provocado la contratación de personal externo», según han aclarado fuentes municipales.