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La Fiscalía pide imputar a Juan Soler y procesar a tres concejales del PP de Getafe por delitos de prevaricación y malversación

GETAFE – El Ministerio Fiscal ha lanzado la definitiva bomba jurídica que podría impactar directamente en la línea de flotación del actual PP de Getafe.

La fiscal encargada de dar forma a las diligencias previas relativas al ‘Caso Teatro’ ha concluido tras meses de trabajo su escrito de instrucción, que viene a poner en un aprieto serio a tres concejales del actual Grupo Municipal del PP, al exalcalde Juan Soler y, en definitiva, a un total de 34 personas que serán procesadas próximamente por diversos delitos cometidos en la tramitación de expedientes urbanísticos durante la etapa del anterior Gobierno popular.

En el informe definitivo de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Getafe Actualidad, el Ministerio Fiscal concluye que existen indicios más que evidentes de la implicación de los actuales concejales del PP Antonio José Mesa, Fernando Lázaro y Paz Álvarez en la comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos e intercambio de información privilegiada en relación al llamado ‘Caso Teatro’.

Cabe recordar que esta investigación policial y judicial parte de la querella presentada por Roberto Carlos Benítez, portavoz y fundador del partido Impulsa Getafe, y se circunscribe no sólo a la tramitación presuntamente irregular del teatro de la calle Madrid en la etapa de Juan Soler, sino también a otros proyectos de esa misma etapa como la reforma del Mercado de la plaza de la Constitución, la remodelación de la Fábrica de Harinas, la construcción de sendas escuelas infantiles en Los Molinos y Buenavista o la emisión de facturas fraudulentas con cargo a empresas públicas, entre otras actuaciones.

COMISIÓN DE DELITOS

Ahora, con el contundente escrito de la fiscal, el juez deberá emitir próximamente los respectivos autos de imputación y procesamiento, en base a las peticiones de la Fiscalía, lo que debería provocar la fulminante dimisión de los ediles del PP de Getafe, según consta en el código ético de la formación.

En este sentido, el Ministerio Fiscal solicita la imputación de Fernando Lázaro, exconcejal de Hacienda, por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, señalando en su informe que queda acreditado su “uso torticero de los elementos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público” y su total conocimiento de “toda la tramitación previa” a la encomienda de gestión a GISA que desencadenó la querella.

Por su parte, Paz Álvarez, concejala entonces de Urbanismo y Obras Públicas, será formalmente imputada por prevaricación, ya que “asistió a negociaciones previas con Juan Soler mediante las que se adjudicó a la empresa A-Cero la construcción de las escuelas infantiles” y, además, “el conocimiento de todos los trabajos relativos a la construcción del CEPAAE -el proyecto del teatro de la calle Madrid- queda probado”.

Sobre Antonio José Mesa, jefe del gabinete del alcalde y concejal de Obras de Edificación con Juan Soler, pesa la acusación por un delito de prevaricación, acreditado por la fiscal, quien señala que “era conocedor de las irregularidades cometidas en algunas de las contrataciones de la Concejalía de Urbanismo”, y señala que Mesa “tuvo una participación activa” en otro de los contratos que se realizo de forma irregular, como es la rehabilitación del antiguo mercado municipal.

JUAN SOLER

Por su parte, el exalcalde y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getafe, senador y diputado autonómico, Juan Soler, queda completamente señalado en este escrito de la Fiscalía, si bien su condición de senador -y por tanto aforado- impide su imputación por el juzgado de Instrucción número 4 de Getafe.

Así, consta en este expediente que “varios de los testigos apuntaban a la concesión, antes de que se produjera su licitación oficial, de los trabajos relativos a la construcción del nuevo Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas de Getafe (CEPAAE), infiriéndose de estas que el alcalde de la localidad era conocedor de las adjudicaciones por parte de GISA a la mercantil Vegas Arquitectura” y “desprendiéndose a su vez una relación, cuanto menos laboral, con su administrador Julián Vegas Bodelón, y ejerciendo alguna modificación a su proyecto”.

Sin embargo, la Fiscalía va más allá y apunta que “teniendo en cuenta que este proyecto era uno de los pilares de la legislatura de Juan Soler, se infiere que conocía  todo lo anterior, encajando lo manifestado en las declaraciones con algunos de los hechos probados, y que dejó todo lo relativo a este proyecto en manos de la Concejal de Urbanismo, en sus consejeros y los técnicos, más si cabe teniendo en cuenta el grado de implicación que tuvo, según se desprende de los correos electrónicos analizados, en otras licitaciones del Ayuntamiento como la construcción de varias escuelas infantiles o en la remodelación del Mercado Municipal”.

“Este investigado era no solo conocedor de la tramitación relativa a estos concursos, sino que también era el impulsor”, subraya la fiscal.

Extracto de escrito de la Fiscalía relativo a Juan Soler

OTROS IMPUTADOS

Junto a los tres ediles que serán imputados por el juzgado de Instrucción número 4 de Getafe, y a falta de conocer la posible investigación de Soler por parte del Tribunal Supremo, el escrito de la Fiscalía deja otros nombres señalados en rojo.

En el caso de Jorge Paumard, que fue concejal de Empleo y que será investigado por intercambio de información privilegiada; María Luisa Gil, exgerente de GISA sobre quien pesa la acusación de malversación, fraude a la administración y falsedad documental; Rudy Lamas, exconsejero de Urbanismo y que será imputado por fraude a la administración y malversación; el arquitecto Joaquín Torres, señalado por fraude entre particulares y tráfico de influencias o Miguel Garzón, exasesor de Soler y que fue fichado por Cristina Cifuentes, y sobre quien pesa la acusación de prevaricación.

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