El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado, a través de un nuevo auto fechado el pasado 30 de abril, la necesidad de adoptar las medidas cautelares establecidas el día 21 en relación a dotar de medios personales y materiales de forma inmediata en las residencias de Alcorcón por parte de la Comunidad de Madrid para cumplir con las disposiciones del Gobierno de la Nación para proteger a este colectivo.ç
Este auto ha sido emitido tras las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid que se oponían a esta medicalización e intervención en las residencias ya que según el Gobierno regional había llevado a cabo diferentes acciones.ç
Sin embargo, el TSJM ha determinado, con fecha 30 de abril, el mantenimiento de las medidas cautelares y ha ratificado en su auto la falta de respuesta por parte de la Comunidad de Madrid a la hora de poner en marcha las medidas señaladas para la protección de este colectivo vulnerable. Además, ha destacado la actuación de la Concejala de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública del Ayuntamiento de Alcorcón en la solicitud de medidas en favor de este colectivo.
Concretamente en su parte dispositiva, este auto requiere a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a proceder de manera inmediata y medicalizar todas o parte de las instalaciones de las Residencias (Pública, Campodón, Amavir y Sanitas) de Alcorcón.ç
Además, insta a realizar las actuaciones necesarias para dotarlas del personal médico-sanitario y medios materiales que resulte preciso para un uso sanitario de tales instalaciones y prestando in situ la asistencia sanitaria adecuada a cada uno de los residentes contagiados-positivos asintomáticos o enfermos por COVID-19.
Igualmente, requiere a la Comunidad de Madrid que informe de las medidas concretas adoptadas para cumplir lo acordado a través de un informe remitido cada siete días naturales.
Desde el Ayuntamiento de Alcorcón se exige a la Comunidad de Madrid a cumplir de forma inmediata la dotación de recursos personales y materiales que debería haber determinado desde el primer auto, generando con ello un incomprensible retraso en las imprescindibles medidas de protección que requieren los mayores de nuestra ciudad usuarios de las residencias.
Desde el Gobierno municipal se insta a la Comunidad de Madrid a que abandone la postura de inacción y ponga en marcha las medidas que se establecen en ambos autos no sólo por el hecho de que se trata de la obligada ejecución de una decisión judicial sino porque es preciso abordar una solución urgente para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, el colectivo más vulnerable y más damnificado por esta pandemia.