El pulso político entre el Gobierno de Alcorcón y la Comunidad de Madrid mantiene su pugna sobre el presente y futuro de las residencias de mayores a cuenta de la medicalización de estos centros. El Pleno municipal aprobó el pasado martes una moción conjunta de los grupos municipales de Unidas Podemos Ganar Alcorcón y el Partido socialista para solicitar al Ejecutivo regional de Díaz Ayuso que los profesionales sanitarios que atiendan la residencias en el municipio no sean itinerantes, sino que sean «recursos propios» y asignados de manera permanente en cada una de ellas.
Los partidos que conforman el Gobierno local también inciden en el origen de estos recursos humanos. El Consistorio reclama que se realicen nuevas contrataciones “enmarcadas en la atención especializada” para no recurrir a profesionales de la Atención Primaria o del hospital, algo que, a ojos de ambas formaciones implicaría “desatender los recursos habituales” que los médicos realizan habitualmente, por ejemplo, en los centros de salud.
El Ejecutivo local insiste además en que la Comunidad debe revisar el modelo de atención de los centro Residenciales de Mayores para, ante un posible rebrote del Covid-19, “garantizar una atención de calidad a los usuarios, de seguridad y tranquilidad para sus familiares y de organización y dotación adecuada para sus profesionales”, según expresa la propia alcaldesa, Natalia de Andrés.
“Estamos intentando ser previsores y generar los recursos necesarios para poder atender a los mayores en las resistencias. Los concejales de este ayuntamiento y yo como alcaldesa tenemos la obligación ética y moral de velar por la situación de los mayores de Alcorcón y especialmente los que están en las residencias”, argumenta.
Obstáculos a la investigación
En la moción municipal también se pide también al Ejecutivo de Díaz Ayuso que “deje de obstaculizar y facilite” el desarrollo de la Comisión de Investigación de las residencias de toda la Comunidad. “Queremos saber qué pasaba en el pasado reciente, pero también ser precavidos ante posibles situaciones futuras”, explica De Andrés.
A este respecto, la regidora ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) intervino para obligar a la Comunidad de Madrid a que medicalizase las residencias a través de una medida cautelarísima.
“Los escritos del Gobierno regional continuamente para oponerse a lo que instaba el TSJM dan una buena muestra de las intenciones que tiene el Gobierno regional”, señala la alcaldesa que, según dice, “recientemente la Comunidad de Madrid ha solicitado la revocación de las medidas cautelarísmas”.