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El Instituto Municipal del Suelo de Móstoles, en situación de insolvencia y en preconcurso de acreedores

Una auditoría contable, llevada a cabo por un auditor independiente a instancias de la actual consejera delegada del Instituto Municipal del Suelo de (IMS) y concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz, ha puesto de manifiesto que, al menos desde 2011, las cuentas del IMS no reflejan la imagen fiel de la empresa tal y como exige la legislación mercantil y que la empresa municipal estaría en situación de insolvencia, según ha señalado el Gobierno local en un comunicado.

El Ejecutivo municipal ha subrayado asimismo que, de esta auditoría, se deduce que se han estado aprobando en la Junta General del IMS “unas cuentas que no se ajustaban a la realidad, que no reflejan el estado real ni la imagen fiel de las cuentas de la empresa al menos desde el año 2011, fecha en la que el Partido Popular decidió disolver la Empresa Municipal de Aparcamientos e integrar a su personal, su patrimonio y deudas en el IMS”.

En este sentido, el Gobierno mostoleño destaca que “a la empresa contratada para realizar los trabajos de auditoría de cuentas anuales no se le han facilitado los datos reales, por lo que dichas auditorías estarían realizadas sobre datos no reales”, y añade que “el Interventor General del Ayuntamiento de Móstoles, ya cesado, habría incumplido sus funciones de control sobre la exactitud de los datos consignados en el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en relación con lo dispuesto en el artículo 28 de los Estatutos de la Sociedad y ha actuado negligentemente respecto de las funciones que tenía atribuidas y su obligación respecto a la Junta General de la Sociedad”.

El Gobierno local, además, ha arremetido contra el portavoz de Más Madrid-Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, y que fuera en 2018 consejero delegado del IMS, a quien acusa de negarse a auditar las cuentas en su día “de forma negligente” y de continuar “durante su etapa al frente del ente presentado para su aprobación unas cuentas que, como ha acreditado el informe de la auditoría independiente, no reflejaban el estado real de la empresa pública”.

La situación real del IMS, según esta auditoría, arroja unas pérdidas acumuladas de más de 24 millones de euros y una deuda de más de 45 millones de euros, lo que ha obligado al Consejo de Administración a “acordar la presentación de un preconcurso de acreedores con el objeto de acometer cuanto antes el proceso integral de saneamiento y reorganización de la empresa para dejarla en una situación ordenada que permita continuar con la finalidad para la que fue creada”.

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