La sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido reabrir el llamado ‘Caso ITV’ que mantuvo imputada a la alcaldesa y a su Junta de Gobierno por la condonación de una deuda millonaria a una empresa privada de la ciudad y acerca de este modo a la regidora y a su núcleo duro al banquillo de los acusados.
Los magistrados, en una sentencia fechada el pasado 10 de febrero a la que ha tenido acceso Móstoles Actualidad, estiman el recurso de apelación interpuesto por los concejales de Ganar Móstoles Gabriel Ortega y Susana García, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, contra el sobreseimiento de la causa decretado en mayo de 2022 por el juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles.
Los ediles entienden que “existe base indiciaria suficiente para que prospere la imputación de los dichos investigados y para propiciar el enjuiciamiento de los hechos por el delito de prevaricación y malversación de caudales públicos”, un argumento que ha sido estimado por la Audiencia Provincial y que puede traer consecuencias nefastas para el Gobierno municipal mostoleño.
Cabe recordar que, en diciembre de 2021, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles citó como investigados a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Móstoles que dieron luz verde a la condonación de una deuda de 2,5 millones de euros a la empresa ITV Móstoles.
De este modo, los miembros de la Junta de Gobierno se unían a la alcaldesa de la ciudad, Noelia Posee, que ya fue imputada con anterioridad por los presuntos delitos de prevaricación y malversación; además del tesorero del Ayuntamiento, Francisco Javier Torner, y el exconcejal de Hacienda Aitor Perlines.
Se sumaban a la causa de esta forma en calidad de investigados David Muñoz Blanco, Rebeca Prieto Moro, Alejandro Martín Jiménez, María Luisa Ruiz González, María Dolores Triviño Moya, Beatriz Benavides Fuster (ya jubilada) y Natividad Gómez Gómez, que prestaron declaraciónlos días 16 y 28 de febrero de 2022.
Tras ello, fue declarado el sobreseimiento de la causa que, ahora, la Audiencia Provincial reabre detallando que “contrariamente a lo que se sostiene en el Auto apelado, entiende esta Sala que, atendidas las concretas circunstancias concurrentes en el caso, no cabe descartar, al menos indiciariamente y en esta fase instructora, la presencia de indicios bastantes sustentadores de ese delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio de ulterior calificación por las partes acusadoras”.
“El perjuicio causado a las arcas públicas del Ayuntamiento de Móstoles resulta obvio”, continúa el auto, para añadir que “el hecho de que el acuerdo adoptado en fecha 20 de octubre de 2020 por la Junta de Gobierno Local haya permitido a la mercantil querellada ITV Móstoles S.L. cumplir parte de las obligaciones contraídas en su día, no es por sí misma razón suficiente para negar la existencia de dicho perjuicio”.
Así, la Audiencia acuerda «dejar sin efecto ese sobreseimiento y ordenar al Juzgado Instructor que acuerde la transformación de la causa en Procedimiento Abreviado».