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Directivos y trabajadores de EMSULE comparecerán en una Comisión de Investigación

Los gestores y trabajadores de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) serán llamados a declarar en la Comisión de Investigación que aprobará el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Leganés.

En concreto, su puesta en marcha podría aprobarse este martes en el Debate del Estado de la Ciudad, como consecuencia de una moción presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganés.

Todos los Grupos municipales, salvo el Gobierno local (PSOE-Mas Madrid Leganemos) han mostrado su disposición a aprobar esta comisión, que nace tras las informaciones publicadas por Leganés AL DIA, donde se informaba de presuntas irregularidades en las contrataciones de obras y servicios.

Las revelaciones de este periódico sobre los apuntes contables opacos en el Libro de Contabilidad de la empresa pública en los años 2017 y 2018, así como las anotaciones de reiteradas facturas a distintas empresas con el mismo administrador, por cantidades repetidas y periódicas, han levantado serias sospechas sobre la gestión de EMSULE.

Desde ULEG alegan para la convocatoria de la Comisión de Investigación la existencia de “adjudicaciones a dedo al margen de la Ley de Contratos, sobrecostes en las obras, precios inflados, fraccionamiento en los contratos, dedazos, facturas ‘remendadas’ o con gastos fuera del objeto social de la empresa”.

La moción que se debatirá este martes apunta a “constituir antes de un mes una Comisión de Investigación donde se facilite con máxima agilidad y diligencia toda la documentación relativa a la empresa que sea solicitada”. Además, creen necesaria “la comparecencia de los gestores y trabajadores de la misma, tanto en la actualidad como en el pasado”.

Los gestores llamados a declarar serían el Gerente de EMSULE, Agustín Pérez Barba, José Enrique Serrano, Jefe del Departamento Técnico y  Pascual Castrillo. Todos ellos son los encargados de elaborar y aprobar los informes previos a las adjudicaciones de estos servicios en tela de juicio.

La contabilidad de 2019, a la que ha tenido acceso Actualidad SUR, revelaría nuevas adjudicaciones sospechosas, teniendo en cuenta además que la Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor el 9 de marzo de 2018- establece que pueden contratarse de forma directa contratos de obras de valor inferior a 40.000 euros y contratos de suministro o de servicios de valor inferior a los 15.000 euros. Las contrataciones “a dedo” superan con creces estas cifras.

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