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Desmantelan un punto de venta de drogas próximo a un colegio de educación infantil en Móstoles

MÓSTOLES –  Agentes de la Policía Nacional de Móstoles han desmantelado un “punto negro” de venta y consumo de hachís y marihuana que se encontraba en las inmediaciones de un colegio de educación infantil y primaria.

Los vecinos de la zona alertaron a la policía del inhabitual trasiego de personas hacia un local del barrio; además se detenían en calles aledañas para consumir la droga y del fuerte olor a hachís y marihuana procedente del mismo. En las indagaciones sobre los datos facilitados los mismos investigadores comprobaron que el olor llegaba hasta el patio de un colegio próximo.

Los Policías Nacional comprobaron que los consumidores que accedían al interior del local, tras permanecer escasos minutos, lo abandonaban portando bolsitas de plástico similares, conteniendo hachís o marihuana. En el registro del interior del local, los investigadores localizaron: 4.500 gramos de marihuana, 280 gramos de hachís, 2 básculas de precisión, una pistola simulada, 100 euros en efectivo y diversa documentación de clientes y registros de contabilidad.

Falsa “asociación” de consumidores de cannabis y marihuana

El local figuraba como una asociación de consumidores de cannabis y marihuana. Para proyectar la imagen de legalidad, la titularidad de la actividad del local se presentaba compuesta por un presidente y unos socios-colaboradores. Las funciones que se atribuían estos “regidores” era facilitar a los usuarios los diferentes tipos de sustancias que allí se dispensaban. Contaban con un equipo de asesores jurídicos para dar respuesta a las denuncias de tipo penal o administrativo de las que pudiera ser objeto el local y su actividad. Los investigadores comprobaron, que el local no contaba con licencia de apertura, ni se encontraba registrado como asociación.

El establecimiento poseía diversas medidas de seguridad. La principal era el sistema de video vigilancia exterior en la puerta de acceso al local.

Han sido detenidas tres personas que pasaron a disposición judicial como autores de un delito contra la salud pública.

 

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