MÓSTOLES – Cuatro personas fueron detenidas el pasado día 6 de marzo en el marco de la ‘Operación Centrum’, que investiga el sobrecoste de cerca de 4 millones de euros en las obras del pabellón Andrés Torrejón de Móstoles.
Las detenciones fueron practicadas por la Policía Nacional y se refieren a los presuntos delitos de falsificación, cohecho y malversación
de caudales públicos presuntamente cometidos en el Instituto Municipal del Suelo durante la etapa del PP en el Gobierno local. Entre los detenidos se encuentra el que fuera máximo responsable de la empresa pública, y también fue citado a declarar el actual portavoz
del PP en Móstoles, Alberto Rodríguez de Rivera.
El pasado 19 julio, el Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles incoaba diligencias previas, con traslado al Ministerio Fiscal,
por un posible delito en el desfase de 3,8 millones de euros recogido por una auditoría externa encargada por el actual Gobierno local en relación a las obras del pabellón Andrés Torrejón de Móstoles. La denuncia fue interpuesta por un representante de Unión de Ciudadanos
Independientes de Móstoles (UCIN), partido sin representación en el municipio, “por un presunto delito de administración desleal del patrimonio público y de falsedad documental”. Posteriormente, la alcaldesa de la ciudad, Noelia Posse, y el edil de Vivienda, Gabriel Ortega, presentaban ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito en el que denunciaban igualmente esta situación, generada tras detectarse un desfase de 3,8 millones entre la obra certificada y la obra realmente ejecutada hasta la fecha.
La construcción de este pabellón fue la gran apuesta en materia de infraestructuras deportivas del PP durante sus años de gobierno. Arrancó en 2010 con Esteban Parro como alcalde con un presupuesto cercano a los 26 millones de euros y un plazo de ejecución de 19 meses. Tras varios parones, la obra fue finalmente suspendida en 2015 ya con Daniel Ortiz en el Gobierno. De este modo, hasta el momento de la paralización “los vecinos de Móstoles habían pagado 20,3 millones de euros; sin embargo, según esta auditoría, lo que hay ejecutado tiene un coste de 16,5 millones”, explica el Ejecutivo local.
Investigación al Consistorio
Por otra parte, el magistrado del juzgado de Instrucción número 5 de la localidad ha iniciado diligencias previas contra el Consistorio por supuestas irregularidades en varias contrataciones efectuadas por el municipio a lo largo de 2016 y 2017. Se investiga la reforma de varios colegios y determinados contratos firmados en esas fechas.