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Archivada la querella particular contra el Gobierno local de Getafe por los vertidos al río Manzanares

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Getafe ha decretado en su ‘Auto 405/2022’, el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones contra la alcaldesa, Sara Hernández, y tres concejales del Gobierno Municipal, tras una querella particular.

En concreto se refiere a los vertidos que sufre el río Manzanares a su paso por Getafe con motivo de la vandalización de las instalaciones de las elevadoras, y cuya solución está próxima a concretarse tras aprobar el Gobierno Municipal las obras de nuevas elevadoras para la canalización de las aguas residuales hasta la depuradora más próxima. Estos trabajos se están ejecutando en estos momentos.

Como señala la Fiscalía en el auto “No habría sido sino hasta la llegada del equipo de Gobierno actual, cuando se ha intentando implementar un proyecto más integral para dar solución a este problema. De la progesión del mismo se ha ido dado cuenta a lo largo de este procedimiento así como de las circustancias, de que debido a que la ejecución de dicho proyecto implica recabar autorizaciones e informes vinculantes de varias adminsitraciones, su tramitación es compleja”.  Por este motivo la Fiscalía considera que la investigación está finalizada.

Por su parte, el juez motiva el sobreseimiento y archivo en que “de los hechos se deduce que la conducta de todos los investigados, a cuyo frente está la señora Hernández Barroso, no puede considerarse pasiva, ni entenderse despreocuapada respecto de los vertidos que no son originados por la actividad del Ayuntamiento, sino por la vandalización de las instalaciones que la corporación municipal presidida por la investigada, señora Hernández Barroso, intentó desde un principio de su gestión sustituir por otras nuevas, solicitando la colaboración de las entidades que entendió competentes y en todo caso presentando los proyectos y actuaciones requeridas ante la Confederación Hidrografica del Tajo, órgano rector de la cuenca del Manzanares cuya aprobación era precisa para la realización de las obras, sin que los retrasos y la supuesta continuidad de los vertidos desde el año 1995 puedan imputarse a quienes ostentan cargos y responsabilidades desde junio de 2015”.

El juez por su parte también señala que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento”.

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