La Comisión de Investigación aprobada en el seno del Ayuntamiento de Leganés para dilucidar un presunto caso de soborno cometido por un edil socialista continúa dando de qué hablar en la ciudad.
Tras la aprobación en sesión plenaria extraordinaria y a instancias de ULEG de la creación de la citada comisión para aclarar estos hechos, el partido independiente acusa ahora al alcalde de Leganés, Santiago Llorente, de “sabotear” esta investigación.
Tal y como recuerda ULEG, el foco se sitúa en la actuación del que fuera director general de Seguridad y hoy edil de Seguridad y portavoz del Gobierno, Óscar Oliveira, tras filtrarse unas grabaciones transcritas en las que se demostraría “que habría intentado comprar con 10.000 euros por cabeza (provenientes de los fondos UNESPA) y coaccionar (“o te vas o te quedas de jardinero”) la voluntad de los bomberos municipales para empujarles a aceptar y forzar su traspaso a la Comunidad de Madrid, una tropelía que finalmente se hizo efectiva el pasado 1 de octubre”.
Desde entonces, según denuncia ULEG, el único movimiento del Gobierno local ha sido “autoerigirse presidentes de la Comisión a través de la compañera de gobierno y de partido, la edil de Urbanismo Laura Oliva, una maniobra claramente obstruccionista y que evidencia que se pretende cualquier cosa menos llegar hasta el final y aclarar tan turbio asunto”.
El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, ha recalcado que “estamos ante uno de los mayores escándalos del presente mandato, que viene arrastrado del anterior y que implica a otra administración como la Comunidad de Madrid”.
En opinión de Delgado, el asunto “se podría haber zanjado políticamente con el cese o dimisión del señor Oliveira, pero la defensa numantina del alcalde hace sospechar lo peor respecto al papel del alcalde Llorente en este caso”.
Asimismo, el hecho de que nombrara presidenta de la comisión a una compañera de gobierno y de partido y no al edil que impulsó la comisión “corrobora que hay mucho que ocultar y que la verdadera intención es boicotear esa comisión, aburrirla, dormirla, transformarla en una farsa y que no llegue a ningún sitio, convirtiendo de nuevo a los vecinos y al interés general en rehén de su visión cortijera y patrimonialista de la institución”, añade Delgado.
En este sentido, el líder del partido vecinal recuerda que existe otra comisión de investigación en marcha, en este caso sobre la empresa municipal EMSULE, donde “nadie después de dos años solicitándolo es capaz de encontrar la documentación y los exámenes por los que accedieron los 22 trabajadores a la empresa, con quiénes compitieron, las convocatorias públicas, el tribunal examinador o los currículum que acreditaran en esos momentos sus méritos y capacidad para acceder a un empleo de esta empresa pública”.