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Nueva Ley del Suelo, cambios semánticos y poco más

Nueva Ley del Suelo, cambios semánticos y poco más
Actualidad Sur

COMUNIDAD DE MADRID – El borrador de anteproyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, presentado en el día de ayer por la presidenta, Cristina Cifuentes, seguro que generará polémica en su tramitación parlamentaria que ahora comienza.

De la nota de prensa elaborada por la Comunidad de Madrid y remitida a los medios poco se puede saber del fondo y calado de esta nueva regulación.

La presidenta destacó el marcado carácter municipalista de esta nueva regulación, pero no entró a destacar qué elementos hacen que esto sea así, puesto que la existencia de Planes Simplificados para pequeños municipios pero acotados sólo al casco urbano y sin poder establecer un mínimo crecimiento, complicaría aún más la situación urbanística de estos municipios. Actualmente para actuar en el casco urbano normalmente sólo se necesita la licencia urbanística correspondiente y, si fuera necesario modificar su PGOU, se podría realizar de una forma rápida, a través de las modificaciones no sustanciales del mismo.

Igualmente en los llamados en la nueva norma Programas Municipales de Actuación sobre el medio urbano, que en teoría permitirían modificar el planeamiento para actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, no queda claro cuál sería su tramitación. ¿Se aprobaría sólo por el Ayuntamiento correspondiente? Y de esta manera ¿se podría saltar lo establecido en el planeamiento general que ha aprobado la Comunidad de Madrid? ¿Se necesitaría la aprobación de la Comunidad de Madrid?  ¿Entonces estaríamos introduciendo otra figura urbanística más, que haría aún más complejo el poder actuar? Y si además hay que aprobar unos planes especiales que estarían en contra del planeamiento general pero recogidos en los programas de actuación y que ya existen, y que ya pueden modificar el Planeamiento General en esos mismo supuestos ¿para qué sirven los Programas de Actuación?

En cuanto a la transparencia, nada nuevo que no recoja ya la legislación vigente.

En materia de legalidad urbanística, se amplía el plazo de prescripción y se endurece el régimen sancionador; lo demás ya viene recogido en la legislación actual. En este apartado no importa tanto la cuantía de las multas, como la agilidad de las administraciones a la hora de detectar esas infracciones urbanísticas y de actuar para reponer la legalidad. La legislación ya permite hoy en día sancionar, reparar el daño causado y evitar cualquier beneficio que el infractor pudiera obtener por haber infringido la ley.

Por último, en cuanto a la clasificación del suelo, se mantienen las clases tradicionales y se hace un cambio meramente semántico. El actual suelo urbanizable no sectorizado pasa a denominarse suelo no urbanizable común; por lo tanto ahora sería necesaria una modificación del planeamiento general para poder convertirlo en urbanizable y poder desarrollarlo. Pero igualmente, en la situación actual, para poder desarrollar el suelo urbanizable no sectorizado, hay que aprobar un Plan de Sectorización que tiene una tramitación muy parecida o casi igual que un Planeamiento General.

Por lo tanto, de lo conocido hasta ahora, cambios semánticos y poco más.

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