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La moda de compartir coche, ¿ilegal o simplemente una forma de compartir gastos?

La moda de compartir coche, ¿ilegal o simplemente una forma de compartir gastos?
Actualidad Sur

La crisis agudiza el ingenio y esto ha hecho que pensemos diferentes maneras de ahorrar dinero. Una de estas maneras es la de compartir coche, algo que cada vez tiene más adeptos, convirtiéndolo ya en una moda.

Quizá BlaBlacar sea una de las aplicaciones más conocida. Desde que se creara en 2004 ha conectado a más de 2,7 millones de viajeros, pero desde hace ya algunos años muchas han sido las empresas que han proliferado prestando servicios con características similares.

Este es el caso de Amovens, una empresa española que se fundó en 2009 y que se ha consolidado como la gran alternativa a BlaBlacar. Se trata de una plataforma online con más de un millón de usuarios activos, que no solo pone en contacto a conductores y pasajeros que realizan el mismo trayecto sino que también permite alquilar vehículos entre particulares.

Shareling es una alternativa a Amovens y resulta ideal para viajes fuera de España. Pone en contacto a personas que necesitan viajar pero que no tienen medios y a aquellas que desean ir acompañadas a los mismos destinos.

Carpooling también es otra de las opciones a la hora de compartir coche. La plataforma da cobertura a 45 países de toda Europa en siete idiomas distintos y cuenta con casi 4 millones de usuarios registrados.

Además de todas estas webs de carácter privado, existen algunas iniciativas públicas como Compartir, que nació a partir de la estrategia ‘Semana de la Movilidad’ y está integrada por una red de municipios, empresas y organismos que fomentan el servicio de compartir coche. Actualmente cuenta con más de 70.000 usuarios registrados.

¿Una práctica legal?

Este tipo de empresas no deja de crecer, hasta el punto de que ya hay más de un centenar que prestan estos servicios. Sin embargo también ha sido un tema que ha traído polémica desde hace tiempo porque ¿realmente esto es legal?

El Ministerio de Fomento sigue muy de cerca estas actividades y en los últimos años ha mandado varios comunicados avisando de que para realizar transporte de viajeros por cuenta ajena en turismos, siempre con ánimo de lucro, es necesario una licencia que lo autorice por parte de la Administración.

La primera amonestación al respecto no ha tardado en llegar. Se trata de la filial española de BlaBlaCar, Comuto Iberia, quien según la Comunidad de Madrid ofrece y factura servicios de transporte público de viajeros sin disponer del título correspondiente. Además ha expedientado a dos conductores dados de alta en la aplicación por haber evidencias de lucro y, por tanto, de competencia desleal en un sector muy regularizado.

Y es que, este tipo de transportes se rige por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) modificada en 2013 y el Reglamento de la Ley de ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT, 1990). El problema viene en la interpretación que se quiera hacer de la Ley actual, pues según algunos expertos, resulta algo ambigua.

Según el artículo 101 de la LOTT, se dice que un transporte es privado si cumplen dos requisitos: por un lado, estar dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y sus allegados (en ningún caso el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas) y por otro lado, realizarse en vehículos cuyo número de plazas no exceda de los límites que reglamentariamente se establezcan.

Teniendo en cuenta esta definición, el término ‘allegado’ es uno de los que podría traer a error, pues ¿podría tratarse estos servicios como un mero transporte entre allegados?

Además también habría que entrar a valorar si el precio que se paga por estos transportes se consideraría ‘remuneración’ o simplemente corresponden a una cuantía mínima para cubrir los gastos de desplazamiento, como por ejemplo la gasolina.

De hecho, en esta indeterminación se basan estas aplicaciones para declarar que son totalmente legales. BlaBlaCar concretamente hace una mención al artículo 101 señalando que su servicio se diseñó, única y exclusivamente, para que los conductores puedan cubrir los gastos que supone el viaje y nunca para que reciban un beneficio extra.

“Cuando se publica un viaje en la web, recomendamos un precio para cada jornada, calculando que los conductores no obtengan ganancias, en línea total con la legislación”.

Pero a pesar de que este tipo de empresas se empeñan en aclarar este punto, existe otra circunstancia que también podría traer polémica, y es que el sector del taxi señala competencia desleal por ofrecer servicios de transportes ilegales o por lo menos no regulados.

La Unión Europea ha manifestado al respecto que no es posible prohibir estos servicios, puesto que una cosa es la elaboración y distribución de estos programas y otra la utilización que se hace de los mismos. Por tanto, estas empresas no serían las responsables del uso de estas aplicaciones sino que habría que amonestar a las personas que hicieran un uso fraudulento e ilícito de las mismas.

En resumen, lo que estaría prohibido es que una empresa fuera la que se encargara de conectar a los usuarios a cambio de algún beneficio económico y no que entre estos mismos usuarios se pusieran de acuerdo para compartir coche y destino a modo de ‘red social’ de conductores que simplemente comparten gastos y hacen un uso más ecológico de los vehículos.

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